El NSJP: un beneficio para la sociedad

El NSJP: un beneficio para la sociedad

No hay plazo que no se cumpla. La reforma que dio origen al Nuevo Sistema de Justicia Penal fue publicada el 18 de junio de 2008, dando un plazo de ocho años para implementarla totalmente en todo el territorio nacional. En este largo proceso se realizaron reformas constitucionales a varios artículos de nuestra Carta Magna; se fue estableciendo lentamente en los estados y en el primer minuto del sábado pasado finalmente entró en vigor en todo el país. Desde el Altar de la Patria en Chapultepec, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el anterior sistema se había agotado y no cumplía ya con su función social, que no bastaba con mejorarlo sino que había que hacer otro diferente; dijo que necesitábamos urgentemente cambiar ese sistema incapaz de atender los reclamos sobre la impunidad.

Y Justo a la medianoche del viernes-sábado se dio el malletazo simbólico de conclusión de la etapa de implementación de la reforma que duró justamente ocho años. El Jefe del Ejecutivo suscribió con los titulares de los poderes Legislativo y Judicial el Acuerdo Nacional para la Evaluación, Seguimiento y Consolidación del Sistema de Justicia Penal. En la misma ceremonia, el presidente hizo un llamado a los poderes locales al compromiso de las instituciones académicas, específicamente a las universidades y escuelas que imparten la carrera de derecho, así como a las organizaciones de la sociedad civil, para profundizar la reforma e instrumentarla como la prioridad nacional que es. Se trata de un hecho histórico, como lo calificó el presidente, el más trascendente de los últimos 100 años en materia jurídica.

Muchas esperanzas están cifradas en el cambio, aun cuando el viejo sistema coexistirá con el nuevo hasta agotar los procesos que comenzaron en el pasado y que deberán llegar a su conclusión bajo la antigua normatividad. Se trata de un compromiso de Estado que ciertamente dará respuesta a los más enojados contra la impunidad; de un nuevo sistema, acorde incluso con la justicia militar, que ya abarca otras áreas del derecho. Se establece plenamente desde ahora este sistema que parte de la presunción de inocencia de los indiciados; utiliza medios alternativos en la resolución de controversias; prevé la reparación del daño; privilegia la conciliación entre las partes; exige que el infractor repare el daño y que sólo en delitos mayores se paguen con cárcel.

Efectivamente, en sólo siete delitos se tendrá prisión preventiva, los que serán considerados graves y los infractores encarcelados preventivamente; en el resto, los imputados podrán enfrentar las acusaciones en libertad. Con base en el artículo 19 de la Constitución, el juez ordenará preventivamente la cárcel a los imputados en los delitos del crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos o contra la seguridad de la nación.

Esto lleva como propósito evitar que haya gente inocente en prisión, sin que se demuestre su culpabilidad antes de ser privados de su libertad.

El esfuerzo institucional de estos ocho años ha sido sobre todo en materia de capacitación de los diferentes actores en el proceso: 400 mil operadores del sistema y 240 mil elementos de seguridad; se crearon y se reformaron además 21 leyes federales o nacionales y se modificaron más de 350 normas locales. Estos actores cuentan hoy con las competencias necesarias mediante trabajos de formación de los efectivos de seguridad pública, aunque los postulantes o defensores hayan hasta ahora conseguido un menor acceso a la capacitación.

Más allá de los recursos presupuestales que la reforma ha implicado en la intensa capacitación a los diferentes actores del nuevo sistema y a la construcción de instituciones y espacios físicos para transformar la justicia penal, lo más preocupante es que aún no se cambia en la sociedad el paradigma cultural que significa esta reforma, y que aún no se cuenta con el entendimiento de los medios de comunicación, ni con la colegiación y certificación de los profesionales del derecho.

Es de esperarse que la reacción de la sociedad a la reforma no sea de inmediato y necesariamente buena, como ocurrió en Chile o en Colombia. Sólo con un proceso continuo de aprendizaje se podrán corregir las fallas del nuevo sistema. Habrá que ir afinando los criterios de jurisprudencia en un periodo razonable mediante sucesivas mejoras. Se trata de un compromiso de Estado que ciertamente dé respuesta a los más enojados contra la impunidad; se trata de una reforma que la sociedad reclama, pero que su éxito sólo se garantizará cuando las nuevas generaciones de abogados se formen en las instituciones educativas, con programas nuevos, bibliografía moderna, investigación académica, cursos de posgrados y formación de profesores de alta calidad, intercambio de experiencias, talleres y prácticas profesionales.

Es necesario contar desde luego con los mecanismos de evaluación, los que seguramente habrán de proporcionarle al sistema el Acuerdo que se firmó entre los poderes. La sociedad espera un sistema que actúe de manera efectiva y transparente para castigar culpables y proteger a las víctimas; un sistema que pase de los cambios en la ley a los cambios en las instituciones y de ahí a las necesidades y demandas de la sociedad.

*Presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) Nacional.

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